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Consulta no: 134526

DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO ESTADO DE GUANAJUATO

Publicado: 2012-01-06 12:05 desde la IP: 187.142.118.208

   Autor: LIC. MONTESCO     abogado
 
Fecha de Ingreso: 10-06-09 2

Al respecto es de aplicarse la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, legible en la 219, Tomo XVII, Enero de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente:

 

“ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO. EL AMPARO SÓLO ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA LEY DE INGRESOS QUE ANUALMENTE FIJA LA TASA, SI NO SE IMPUGNÓ OPORTUNAMENTE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA QUE CON ANTERIORIDAD YA HABÍA ESTABLECIDO LOS DEMÁS ELEMENTOS DEL TRIBUTO. La citada Ley de Haciendapublicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con fecha veintiséis de diciembre de mil novecientos ochenta ynueve establece, en sus artículos 245, 246 y 247, estos dosúltimos reformados en mil novecientos noventa y siete, lacontribución por servicio de alumbrado público, pero de loselementos esenciales del tributo sólo fija los sujetos, elobjeto, la base y la época de pago, mientras que para lastasas, que es el otro elemento esencial, remite a la Ley deIngresos para los Municipios del Estado de Guanajuato que,como es obvio, sólo tiene vigencia anual. Por tanto, paradecidir sobre la procedencia del juicio de amparo en contrade tal tributo, debe tomarse en consideración que si no sedemandó oportunamente la inconstitucionalidad de lamencionada Ley de Hacienda en relación con la contribuciónde mérito, dicha Ley debe tenerse tácitamente consentida y sobreseerse al respecto, pero no cabe la mismadeterminación, en vía de consecuencia, respecto de laimpugnación de la tasa establecida en la Ley de Ingresos,pues al ser ésta un nuevo acto legislativo cada año, esevidente que con motivo de su entrada en vigor o de su primer acto de aplicación, se dé la oportunidad de promoverla acción de amparo en su contra, atendiendo a la novedadformal de la norma respectiva, pues aunque se reitere latasa, ya es otra disposición. La oportunidad de la demandade garantías en contra de ambas Leyes, por tanto, debeexaminarse por separado”.

 
 

   LIC. MONTESCO         (Visita mi oficina)
Fecha de Respuesta: 2012-01-06 12:21
 
   

Se invoca la jurisprudencia P./J. 105/2007 del propio Tribunal Pleno, existente en la foja 13, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe:

 

“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONDICIONES PARA QUE OPERE RESPECTO DE ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (AMPARO INDIRECTO Y DIRECTO). La suplencia de la quejadeficiente en el caso de jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de leyes no sólo seactualiza con respecto a la ley viciada (en amparo indirecto), sino también en cuanto a susactos de aplicación reclamados (tanto en amparo indirecto como en directo). Esto es, paraque opere en ambas vías, la suplencia de la queja deficiente respecto del acto concreto deaplicación, únicamente se requiere que el juicio de amparo sea procedente respecto adicho acto, por lo tanto es viable: 1) sin que sea necesario reclamar la ley respectiva; 2) sinimportar que, en caso de reclamarse la ley, ésta haya sido consentida, y en general, sinnecesidad de que el amparo resulte procedente en relación con dicha norma legal; y, 3) sinimportar que el quejoso haya expuesto planteamientos para demostrar lainconstitucionalidad de los actos reclamados. De tal suerte que tanto en el amparo indirectocomo en el directo, es posible el estudio de constitucionalidad de la ley aun cuando éstahaya sido consentida o incluso en caso de que no haya sido reclamada, pues ello sóloimpediría el otorgamiento del amparo contra la ley misma, pero no contra los actos de suaplicación, más aún cuando éstos han sido impugnados en tiempo, y en consecuencia nohan querido ser tolerados por el agraviado”.


   LIC. MONTESCO         (Visita mi oficina)
Fecha de Respuesta: 2012-01-06 12:23
 
   

Apoya lo anterior y al efecto es de aplicarse la tesis numero112/99 sustentada por el Plenode la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Página: 19, Noviembre de 1999, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

 

“AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro”


   LIC. MONTESCO         (Visita mi oficina)
Fecha de Respuesta: 2012-01-06 12:25
 
   

Así mismo para que se deje insubsistente el acto aplicación reclamado y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan las cantidades que como primer acto de aplicación se hayan enteradocontenidas en el aviso-reciboy las que en forma subsecuente se hayan pagado, al ser una consecuencia necesaria de la declaración de inconstitucionalidad, por lo tanto ya no debe de aplicársele al quejoso, pues de lo contario, las autoridades pueden recaer en repetición.

 

Es de aplicarse la tesis sustentada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Página 277, Tomo XXVII, Marzo 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta:

 

“AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. LA DEVOLUCIÓN COMPRENDE LAS CANTIDADES ENTERADAS DESDE EL ACTO DE APLICACIÓN QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO Y LOS PAGOS SUBSECUENTES HASTA QUE LA SENTENCIA CAUSE EJECUTORIA. Conforme a la jurisprudencia 2ª./J. 188/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: “AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS.”, el efecto de la sentencia que otorga el amparo contra una norma fiscal será, atendiendo a la naturaleza de la misma, que no se aplique en el futuro al particular hasta en tanto no se produzca un nuevo acto legislativo que la reforme, modifique, o incluso repita su contenido y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan las cantidades que como primer acto de aplicación se hayan enterado y las que en forma subsecuente se hayan pagado, si en la sentencia protectora se ordenó la devolución del tributo o ésta sea una consecuencia necesaria de la declaración de inconstitucionalidad. En ese tenor, dicha restitución comprende las sumas enteradas desde el acto de aplicación que sirvió de base para la promoción del juicio y los pagos subsecuentes hasta que la sentencia cause ejecutoria, ya que por virtud de esa concesión, la disposición inconstitucional ya no tendrá que aplicársele al gobernado, pues de lo contrario, las autoridades pueden incurrir en repetición”.


   LIC. MONTESCO         (Visita mi oficina)
Fecha de Respuesta: 2012-01-06 12:28
 
   

Siendo que el acto reclamado es violatorio de las garantías individuales de seguridad jurídica del ahora actor, tal y como aparece en la constancia relativa al aviso-recibo que adjunto a la presente demanda de garantías como anexo número uno, la cual representa el acto de aplicación de la ley impugnada, legitimando el ejercicio de la acción  constitucional intentada y mi interés jurídico, de conformidad con lo establecido, a contrario sensu, por las fracciones V y VI del artículo 73, en relación con el artículo 78 de la Ley de Amparo, siendo que la ley impugnada es de naturaleza heteroaplicativa o de individualización condicionada.

 

A lo anterior es de analizarse, la jurisprudencia emanada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina 383, Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el rubor y texto siguiente:

 

LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.Para distinguir las leyes autoaplicativas de lasheteroaplicativas conviene acudir al concepto deindividualización incondicionada de las mismas,consustancial a las normas que admiten la procedencia deljuicio de amparo desde el momento que entran en vigor, yaque se trata de disposiciones que, acorde con el imperativoen ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimientodesde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean,transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento dereferencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntadhumana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De estamanera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacencon ella misma, independientemente de que no se actualicecondición alguna, se estará en presencia de una leyautoaplicativa o de individualización incondicionada; encambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacerque impone la ley, no surgen en forma automática con susola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar elperjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o deindividualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se hallasometida a la realización de ese evento”.


   LIC. MONTESCO         (Visita mi oficina)
Fecha de Respuesta: 2012-01-06 12:34
 
   

Siendo que el acto reclamado es violatorio de las garantías individuales de seguridad jurídica del ahora actor, tal y como aparece en la constancia relativa al aviso-recibo que adjunto a la presente demanda de garantías como anexo número uno, la cual representa el acto de aplicación de la ley impugnada, legitimando el ejercicio de la acción  constitucional intentada y mi interés jurídico, de conformidad con lo establecido, a contrario sensu, por las fracciones V y VI del artículo 73, en relación con el artículo 78 de la Ley de Amparo, siendo que la ley impugnada es de naturaleza heteroaplicativa o de individualización condicionada.

 

A lo anterior es de analizarse, la jurisprudencia emanada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina 383, Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el rubor y texto siguiente:

 

LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.Para distinguir las leyes autoaplicativas de lasheteroaplicativas conviene acudir al concepto deindividualización incondicionada de las mismas,consustancial a las normas que admiten la procedencia deljuicio de amparo desde el momento que entran en vigor, yaque se trata de disposiciones que, acorde con el imperativoen ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimientodesde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean,transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento dereferencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntadhumana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De estamanera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacencon ella misma, independientemente de que no se actualicecondición alguna, se estará en presencia de una leyautoaplicativa o de individualización incondicionada; encambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacerque impone la ley, no surgen en forma automática con susola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar elperjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o deindividualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se hallasometida a la realización de ese evento”.




 
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