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Consulta no: 100199

como no garantizar un credito fiscal

Publicado: 2011-01-31 18:04 desde la IP: 189.234.140.24

   Autor: unidorado_NR    
 
Fecha de Ingreso:
Estado de Referencia: Guanajuato

 

PARA MAYOR INFORMACION PROMOVI EL RECURSO DE REVOKCION Y EN EL KUAL ME CONFIRMARON LA MULTA Y AL NO STAR DE AKUERDO C VA PROMOVER DEMANDA DE NULIDAD Y EN EL CUAL ESTOY SEGURA K C GANA, PERO NO KIERO GARANTIZAR PUESTO QUE LOS BIENES K SE TIENEN SON DE USO COMUN(INEMBARGABLES) PERO LA AUTORIDAD PUEDE EMBARGAR SIN IMPORTAR ESO PUESTO QUE YA OCURRIO ALGO SEMEJANTE CON ALGUN CONOCIDO X LO TANTO SOLICITO COMO C PUEDE EVITAR K C LLEVE A CABO EL EMBARGO, ASI MISMO COMO ESTOY INCONFORME CON DICHA RESOLUCION DL REKURSO QUIERO SABER SI ME ENCUENTRO EN EL SUPUESTO DEL ARTICULO 144 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION EN SU III PARRAFO K NOS DICE

''SI CONCLUIDO EL PLAZO DE CINCO MESES PARA GARANTIZAR EL INTERES FISCAL NO HA SIDO RESUELTO EL RECURSO DE REVOCACION, EL CONTRIBUYENTE NO ESTARA OBLIGADO A EXHIBIR LA GARANTIA CORRESPONDIENTE SINO, EN SU CASO, HASTA QUE SEA RESUELTO DICHO RECURSO''

MI PREGUNTA ES CUANDO SE CONSIDERA RESUELTO MI RECURSO; HASTA K EL TRIBUNAL RESUELVA LA DEMANDA DE NULIDAD K BOY A PROMOVER O UNIKMENTE CON LA RESOLUCION DEL RECURSO QUE ME ESTAN DANDO CON LA CUAL ESTOY INCONFORME Y POR TANTO SE PROMOVERA EL JUICIO DE NULIDAD.

PUESTO QUE EN SU RESULTIVO SEGUNDO ME DICE LO SIGUIENTE:

''SE INDICA K PARA IMPUGNAR LA PRESENTE RESOLUCION EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE LA SALA REGIONAL COMPETENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN TERMINOS DE LA LEY ORGANIK DE DICHO ORGANOJURISDICCIONAL, CUENTA CON UN PLAZO DE 45 DIAS SIGUIENTES A AQUEL EN K SURTA EFECTOS LA NOTIFICACION DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 132, ULTIMO PARRAFO, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, EN RELACION CON EL ARTICULO 23, DE LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE''

ENTONCES DEBO DE ENTENDER K YA ESTA RESUELTO O C CNSIDERA RESUELTO HASTA K YA NO ACEPTE NINGUNA INSTANCIA DICHA RESOLUCION DL RECURSO Y HASTA EN AKEL MOMENTO PODER GARANTIZAR.....

 
 

   CyC Abogados         (Visita mi oficina)
Fecha de Respuesta: 2011-01-31 18:50
 
   

El recurso de revocacion es independiente del juicio de nulidad que usted pretende promover, por tanto la resolucion en donde le confirman la imposicion de la multa es en donde termina literalmente su recurso, es decir ya se agoto esa instancia ante la autoridad administrativa quedandole como via de solucion una nueva instancia ante el TFJFA con un nuevo procedimiento.

Luego entonces el recurso ya se resolvio, por tanto la garantia que ahi le solicitaron es hoy improcedente y sin materia, por lo que la autoridad podra dar continuidad al PAE.

Si usted quiere que este procedimiento (PAE) se detenga debera entre otras cosas al solicitar la suspension  garantizar nuevamente el credito fiscal ante el Tribunal y eso es ineludible y si no lo hace de esa manera se ejecutara sobre sus bienes independientemente de que se este substanciando la nulidad solicitada..

Es cuestion de estilos y el punto fino en esto es, entender que todos los actos administrativos por si, se pueden impugnar, esto quiere decir que cada acto es combatible, usted debe de valorar que le conviene mas, acudir al juicio de nulidad por violaciones de fondo y forma en el procedimeinto o irse al amparo por el embargo que señala.

En fin son muchas las formas de ver este asunto en base a la formacion de cada abogado y las soluciones tambien son infinitas, de ahi la importancia de conocer que elementos tiene para combatir.

Salvo la mejor opinion de los ilustres foristas del portal.

La invitamos a que se registre en el foro y asi darle seguimiento a su consulta, y con ello no haya necesidad de abrir una nueva en cada comentario.

Saludos cordiales.


   cs_holguin         (Visita mi oficina)
Fecha de Respuesta: 2011-01-31 19:04
 
   

Buenas tardes.

Jurídicamente hablando, no hay forma de dejar de garantizar el crédito fiscal, ya sea en un juicio de nulidad o un amparo, ya que la garantía del interés fiscal es un requisito indispensable para que el TFJFyA o los Juzgados de Distrito otorguen la medida cautelar de suspensión del  procedimiento administrativo de ejecución.

 

Más sin embargo, hay estrategías para que otorguen la medida cautelar. si te interesa saber más escribeme a mi mail. y por favor escribe bien, nuestro idioma es muy bonito para distorcionarlo.

Saludos.


   grobertomp3         (Visita mi oficina)
Fecha de Respuesta: 2011-01-31 19:21
 
   

Como es sabido por los estudiosos del área fiscal, existen tres alternativas de Defensa ante el inminente cobro de un adeudo fiscal y son: el Recurso de Revocación, el Juicio de Nulidad y, el Amparo Indirecto. Sin embargo en la práctica el más efectivo ha resultado ser el Juicio de Nulidad, mismo que debe promoverse ante la sala correspondiente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Ahora bien, resulta ser insuficiente la interposición de dicho recurso, para detener el inminente cobro en la vía coactiva, a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución y, al amparo de un mandamiento de ejecución u orden de requerimiento de pago y embargo por parte de la Autoridad Fiscal denominada Servicio de Administración Tributaria, por sus siglas SAT.

 Necesitamos pues, señalar en nuestra demanda, la SOLICITUD de la Suspensión Provisional y, en su momento la DEFINITIVA del Procedimiento Administrativo de Ejecución misma que se tramita en cuerda separada y que tiene como finalidad detener el PAE en tanto no se resuelva el Juicio de Nulidad en cuestión, sin embargo nos será requerida usualmente que garanticemos el interés fiscal a satisfacción de la Autoridad Demandada, ello se debe a que existe el temor de que el contribuyente se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en tanto no se resuelve el juicio de nulidad.

Nos enfrentaremos al tratar de garantizar el interés fiscal con un “pequeño detalle”, el hecho de que deberemos garantizar tres veces más el monto del crédito fiscal combatido, esto por la razón de que en el caso de llegar al remate y en su caso la adjudicación de nuestros bienes embargados por parte de la Autoridad Hacendaria (que serían adjudicados al 50% de su valor) más gastos de perito valuador, actualización, gastos de ejecución, y demás habidos y por haber; sumado todo lo anterior resulta en una cantidad superior al doble del valor garantizado.

Nuestro Código Fiscal nos enlista las diversas formas en que podemos garantizar el interés fiscal y el artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo Contencioso en específico la fracción III nos ordena cubrir en su totalidad ciertos requisitos de procedencia para la Suspensión del PAE.

Incluso es común observar que ni siquiera se otorga la suspensión provisional sino hasta que se tenga por satisfecha a criterio de la Autoridad Demandada la multicitada garantía, sin embargo existe la posibilidad de que se nos otorgue la Suspensión Provisional y en su caso la DEFINITIVA, sin satisfacer forzosamente tres veces más el valor del o de los créditos fiscales impugnados, pues en muchas ocasiones nos enfrentamos a créditos de varios miles de pesos.

Una vez que la Autoridad Demandada (SAT) nos requiera de pago en el domicilio que se encuentre señalado como fiscal procederá obviamente a requerir el pago del o de los créditos fiscales pendientes de pago, toda vez que no contaremos con dicho pago o pagos, y tampoco con resolución alguna que suspenda el PAE, tendremos que ofrecer bienes para su embargo, depende del monto del adeudo y del criterio del ejecutor la cantidad de bienes que sean embargados así como la factibilidad de poder extraerlo en ese momento del domicilio, sin embargo recordemos que existe un principio que reza “nadie está obligado a lo imposible”, por tanto si lo único que se encuentra en el domicilio fiscal no garantiza por mucho el interés fiscal, no es pretexto para no llevar a cabo el embargo por parte de la Autoridad Fiscal. Sea que el embargo de bienes que visiblemente no cubran el interés fiscal se practique antes de iniciar nuestro Juicio de Nulidad, en el caso de desconocer el origen de los adeudos fiscales o durante el Juicio, tendremos que exhibir las actas que nos dejará el ejecutor adscrito a la Autoridad Demandada,  esta a su vez alegará que no hemos cubierto los requisitos descritos en la fracción III del artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, los cualesno son OPTATIVOS .

Debe la Sala atender a la verdadera interpretación del Procedimiento Administrativo de Ejecución para aplicar el derecho y no bajo la errónea clasificación legal de que las partes den a sus actos los cuales vinculen en modo alguno a los juzgadores quienes no solamente están facultados sino obligados a rectificar el marco jurídico que realmente corresponda a la controversia sometida a su conocimiento y decisión, por tal motivo, si no se cumplió con la exégesis de condición establecida por los artículos 141 y 144 del Código Tributario Federal, no se debe decretar la suspensión del Procedimiento Administrativo de Ejecución sin antes valorar el marco jurídico aplicable.

Toda vez que de conformidad con el artículo 24 fracción I, incisos c y d y, fracción II, en relación con el 28 primer párrafo fracciones I, II, VI y IX inciso a, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en la parte correspondiente se advierte lo siguiente:

“Artículo 24. Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, pueden decretarse todas las medidas cautelares necesarias para mantener la situación de hecho existente¸ que impidan que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor salvo en los casos en que se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público.

  1. El escrito en donde se soliciten las medidas cautelares señaladas, deberá contener los siguientes requisitos:

...

c) Los hechos que se pretenden resguardar con la medida cautelar, y

d) Expresión de los motivos por los cuales solicita la medida cautelar que se solicita.

II. Con el escrito de solicitud de medidas cautelares, se anexarán los siguientes comentarios:

  1. El que pida la medida cautelar deberá acreditar el derecho que tiene para gestionar la necesidad de la medida que se solicita, y
  2. Una copia del escrito mencionado por cada una de las partes que vayan a participar en el juicio, para correrles traslado.

El demandante, podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, cumpliendo con los siguientes requisitos.

 

  1. Podrá solicitarla en la demanda o en cualquier tiempo, hasta antes de que se dicte sentencia, ante la Sala de conocimiento del juicio.

     

II. Acompañar copias de la promoción en la que solicite la suspensión y de las pruebas documentales

 

VI. Tratándose de la solicitud de la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos a

determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, procederá la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.

 

IX. El Magistrado Instructor, en el auto que acuerde la solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, podrá decretar la suspensión provisional, siempre y cuando con ésta no se afecte al interés social, se contravenga disposiciones de orden público o quede sin materia el juicio, y se esté en cualquiera de los siguientes supuestos:

 

  1. Que no se trate de actos que se hayan consumado de manera irreparable.

 

De la transcripción anterior se advierte que la suspensión de la ejecución de los actos reclamados procederá cuando la solicitud se efectúe ante la Sala del conocimiento del juicio y durante la tramitación de éste hasta antes de que se dicte sentencia, para lo cual se deberán acompañar copias suficientes de dicha solicitud así como de las documentales ofrecidas para cada una de las partes y para formar la carpeta de suspensión, y con relación a créditos de carácter fiscal surtirá efectos si se ha constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, la cual podrá decretarse si no afecta el interés social ni contraviene disposiciones de orden público, aunado a que se trata de actos que no se han consumado de manera irreparable.

 

Es importante hacer mención que cuando se traba formal embargo sobre bienes del contribuyente se hace con la finalidad de garantizar el o los créditos fiscales que se le requieren en ese momento, máxime si el ejecutor no hace el pronunciamiento alguno en su diligencia con relación a que el valor de los bienes embargados no cubren de manera adecuada la cuantía de los créditos controvertidos, ni mucho menos la Autoridad Demandada muestre documentación alguna que acredite dicha situación.

 

Por tanto se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 28 fracción VI de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en tanto que se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora que refiere dicha disposición legal, toda vez que con el embargo mencionado se garantiza el interés del fisco federal para reparar el daño o indemnizar por los perjuicio que con ello pudieran causar si no se obtiene resolución favorable.

 

Si bien es cierto que el embargo en la vía administrativa y el embargo dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución efectivamente son distintos entre sí, tal como lo establecen los artículos 141, 143, 144, 145 todos del Código Fiscal de la Federación; pues el primero constituye una forma reconocida expresamente por la ley para garantizar el interés fiscal y que el particular puede ofrecer; lo cierto es que el segundo, es un embargo coactivo, iniciado unilateralmente por la Autoridad, con el propósito de cobrar incluso contra la voluntad del contribuyente un crédito fiscal exigible, por tanto puede asimilarse en sus efectos al embargo administrativo y conducir por ende, a la paralización de la etapa de ejecución, por lo tanto debemos advertir que el embargo trabado en la vía económico coactiva se reconoce como una garantía del interés fiscal.


   grobertomp3         (Visita mi oficina)
Fecha de Respuesta: 2011-01-31 19:35
 
   

Como es sabido por los estudiosos del área fiscal, existen tres alternativas de Defensa ante el inminente cobro de un adeudo fiscal y son: el Recurso de Revocación, el Juicio de Nulidad y, el Amparo Indirecto. Sin embargo en la práctica el más efectivo ha resultado ser el Juicio de Nulidad, mismo que debe promoverse ante la sala correspondiente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Ahora bien, resulta ser insuficiente la interposición de dicho recurso, para detener el inminente cobro en la vía coactiva, a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución y, al amparo de un mandamiento de ejecución u orden de requerimiento de pago y embargo por parte de la Autoridad Fiscal denominada Servicio de Administración Tributaria, por sus siglas SAT.

 Necesitamos pues, señalar en nuestra demanda, la SOLICITUD de la Suspensión Provisional y, en su momento la DEFINITIVA del Procedimiento Administrativo de Ejecución misma que se tramita en cuerda separada y que tiene como finalidad detener el PAE en tanto no se resuelva el Juicio de Nulidad en cuestión, sin embargo nos será requerida usualmente que garanticemos el interés fiscal a satisfacción de la Autoridad Demandada, ello se debe a que existe el temor de que el contribuyente se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en tanto no se resuelve el juicio de nulidad.

Nos enfrentaremos al tratar de garantizar el interés fiscal con un “pequeño detalle”, el hecho de que deberemos garantizar tres veces más el monto del crédito fiscal combatido, esto por la razón de que en el caso de llegar al remate y en su caso la adjudicación de nuestros bienes embargados por parte de la Autoridad Hacendaria (que serían adjudicados al 50% de su valor) más gastos de perito valuador, actualización, gastos de ejecución, y demás habidos y por haber; sumado todo lo anterior resulta en una cantidad superior al doble del valor garantizado.

Nuestro Código Fiscal nos enlista las diversas formas en que podemos garantizar el interés fiscal y el artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo Contencioso en específico la fracción III nos ordena cubrir en su totalidad ciertos requisitos de procedencia para la Suspensión del PAE.

Incluso es común observar que ni siquiera se otorga la suspensión provisional sino hasta que se tenga por satisfecha a criterio de la Autoridad Demandada la multicitada garantía, sin embargo existe la posibilidad de que se nos otorgue la Suspensión Provisional y en su caso la DEFINITIVA, sin satisfacer forzosamente tres veces más el valor del o de los créditos fiscales impugnados, pues en muchas ocasiones nos enfrentamos a créditos de varios miles de pesos.

Una vez que la Autoridad Demandada (SAT) nos requiera de pago en el domicilio que se encuentre señalado como fiscal procederá obviamente a requerir el pago del o de los créditos fiscales pendientes de pago, toda vez que no contaremos con dicho pago o pagos, y tampoco con resolución alguna que suspenda el PAE, tendremos que ofrecer bienes para su embargo, depende del monto del adeudo y del criterio del ejecutor la cantidad de bienes que sean embargados así como la factibilidad de poder extraerlo en ese momento del domicilio, sin embargo recordemos que existe un principio que reza “nadie está obligado a lo imposible”, por tanto si lo único que se encuentra en el domicilio fiscal no garantiza por mucho el interés fiscal, no es pretexto para no llevar a cabo el embargo por parte de la Autoridad Fiscal. Sea que el embargo de bienes que visiblemente no cubran el interés fiscal se practique antes de iniciar nuestro Juicio de Nulidad, en el caso de desconocer el origen de los adeudos fiscales o durante el Juicio, tendremos que exhibir las actas que nos dejará el ejecutor adscrito a la Autoridad Demandada,  esta a su vez alegará que no hemos cubierto los requisitos descritos en la fracción III del artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, los cualesno son OPTATIVOS .

Debe la Sala atender a la verdadera interpretación del Procedimiento Administrativo de Ejecución para aplicar el derecho y no bajo la errónea clasificación legal de que las partes den a sus actos los cuales vinculen en modo alguno a los juzgadores quienes no solamente están facultados sino obligados a rectificar el marco jurídico que realmente corresponda a la controversia sometida a su conocimiento y decisión, por tal motivo, si no se cumplió con la exégesis de condición establecida por los artículos 141 y 144 del Código Tributario Federal, no se debe decretar la suspensión del Procedimiento Administrativo de Ejecución sin antes valorar el marco jurídico aplicable.

Toda vez que de conformidad con el artículo 24 fracción I, incisos c y d y, fracción II, en relación con el 28 primer párrafo fracciones I, II, VI y IX inciso a, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en la parte correspondiente se advierte lo siguiente:

“Artículo 24. Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, pueden decretarse todas las medidas cautelares necesarias para mantener la situación de hecho existente¸ que impidan que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor salvo en los casos en que se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público.

  1. El escrito en donde se soliciten las medidas cautelares señaladas, deberá contener los siguientes requisitos:

...

c) Los hechos que se pretenden resguardar con la medida cautelar, y

d) Expresión de los motivos por los cuales solicita la medida cautelar que se solicita.

II. Con el escrito de solicitud de medidas cautelares, se anexarán los siguientes comentarios:

  1. El que pida la medida cautelar deberá acreditar el derecho que tiene para gestionar la necesidad de la medida que se solicita, y
  2. Una copia del escrito mencionado por cada una de las partes que vayan a participar en el juicio, para correrles traslado.

El demandante, podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, cumpliendo con los siguientes requisitos.

 

  1. Podrá solicitarla en la demanda o en cualquier tiempo, hasta antes de que se dicte sentencia, ante la Sala de conocimiento del juicio.

     

II. Acompañar copias de la promoción en la que solicite la suspensión y de las pruebas documentales

 

VI. Tratándose de la solicitud de la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos a

determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, procederá la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.

 

IX. El Magistrado Instructor, en el auto que acuerde la solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, podrá decretar la suspensión provisional, siempre y cuando con ésta no se afecte al interés social, se contravenga disposiciones de orden público o quede sin materia el juicio, y se esté en cualquiera de los siguientes supuestos:

 

  1. Que no se trate de actos que se hayan consumado de manera irreparable.

 

De la transcripción anterior se advierte que la suspensión de la ejecución de los actos reclamados procederá cuando la solicitud se efectúe ante la Sala del conocimiento del juicio y durante la tramitación de éste hasta antes de que se dicte sentencia, para lo cual se deberán acompañar copias suficientes de dicha solicitud así como de las documentales ofrecidas para cada una de las partes y para formar la carpeta de suspensión, y con relación a créditos de carácter fiscal surtirá efectos si se ha constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, la cual podrá decretarse si no afecta el interés social ni contraviene disposiciones de orden público, aunado a que se trata de actos que no se han consumado de manera irreparable.

 

Es importante hacer mención que cuando se traba formal embargo sobre bienes del contribuyente se hace con la finalidad de garantizar el o los créditos fiscales que se le requieren en ese momento, máxime si el ejecutor no hace el pronunciamiento alguno en su diligencia con relación a que el valor de los bienes embargados no cubren de manera adecuada la cuantía de los créditos controvertidos, ni mucho menos la Autoridad Demandada muestre documentación alguna que acredite dicha situación.

 

Por tanto se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 28 fracción VI de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en tanto que se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora que refiere dicha disposición legal, toda vez que con el embargo mencionado se garantiza el interés del fisco federal para reparar el daño o indemnizar por los perjuicio que con ello pudieran causar si no se obtiene resolución favorable.

 

Si bien es cierto que el embargo en la vía administrativa y el embargo dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución efectivamente son distintos entre sí, tal como lo establecen los artículos 141, 143, 144, 145 todos del Código Fiscal de la Federación; pues el primero constituye una forma reconocida expresamente por la ley para garantizar el interés fiscal y que el particular puede ofrecer; lo cierto es que el segundo, es un embargo coactivo, iniciado unilateralmente por la Autoridad, con el propósito de cobrar incluso contra la voluntad del contribuyente un crédito fiscal exigible, por tanto puede asimilarse en sus efectos al embargo administrativo y conducir por ende, a la paralización de la etapa de ejecución, por lo tanto debemos advertir que el embargo trabado en la vía económico coactiva se reconoce como una garantía del interés fiscal.




 
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Nuestra Columna de Hoy

El salario: ¿derecho social o derecho civil?


 

josé manuel gómez porchini/ méxico debe salir adelante              

jmgomezporchini en  g m a i l . c o m /     http://mexicodebesaliradelante .  b l o g s p o t . c o m

 

para conocer el tamaño del yerro de los ministros de la suprema corte en méxico, que dispusieron mediante jurisprudencia por contradicción de tesis 422/2013 de fecha 27 de marzo de 2014, que hasta el 30% del monto excedente del salario mínimo puede ser embargado, debemos empezar por ubicar a los elementos del tema en su justa medida. aquí, lo que vamos a estudiar son el salario, la posibilidad de embargarlo, un acreedor, una orden de autoridad, un obligado a ejecutarla.

 

seg&uacut ...

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Por: Lic. Gomez Porchini
 
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